Las autoridades finlandesas han emitido una orden de busca y captura contra el pirata informático Aleksanteri Kivimäki, condenado por el ciberataque contra la empresa de psicoterapia Vastaamo y la posterior extorsión a decenas de miles de pacientes. La decisión llega después de que el Tribunal Supremo de Finlandia rechazara admitir el recurso presentado por el ciberdelincuente, dejando firme su condena.
El Tribunal de Apelación de Helsinki había condenado el pasado mes de febrero a Kivimäki a seis años y tres meses de prisión por acceso ilícito agravado a sistemas informáticos, extorsión e infracciones graves contra la intimidad, una sentencia que ahora adquiere firmeza tras el rechazo del Supremo a revisar el caso.
Los hechos se remontan a 2018, cuando los sistemas de la empresa de psicoterapia Vastaamo fueron comprometidos. El actor de amenazas consiguió acceder a la información personal y médica de alrededor de 33.000 pacientes, aunque la brecha no trascendió públicamente hasta varios años después.
La información robada incluía datos especialmente sensibles, como números de identidad, direcciones de correo electrónico, teléfonos, historiales médicos y notas tomadas por los terapeutas durante las sesiones con sus pacientes.
Tras obtener la información, el atacante intentó extorsionar inicialmente a la propia clínica exigiendo el pago de unos 380.000 dólares en bitcoins para evitar la publicación de los datos. Al no obtener el dinero, cambió de estrategia y comenzó a enviar correos electrónicos directamente a las víctimas.
Miles de pacientes recibieron amenazas en las que se les exigía entre 200 y 500 euros a cambio de no divulgar sus expedientes clínicos. Quienes no accedieron al chantaje vieron cómo parte de su información acabó publicada en Internet.
Entre los afectados había menores de edad y personas que acudían a terapia por abusos, depresión, trastornos psicológicos o experiencias traumáticas. La filtración provocó una enorme conmoción en Finlandia y algunas víctimas llegaron incluso a quitarse la vida tras la difusión de sus historiales.
Más de 24.000 personas presentaron denuncias ante la policía, convirtiendo el procedimiento en uno de los mayores procesos penales por ciberdelincuencia de la historia del país.
Siempre negó los hechos
Durante el proceso judicial, Kivimäki negó de forma reiterada cualquier implicación en el ataque. El acusado sostuvo que las pruebas digitales presentadas por la Fiscalía eran circunstanciales y cuestionó tanto el análisis de los servidores utilizados como el rastreo de las transacciones en criptomonedas supuestamente relacionadas con la extorsión.
No obstante, los tribunales consideraron acreditada su responsabilidad y destacaron la especial gravedad del caso por el enorme número de víctimas, la naturaleza extremadamente sensible de la información sustraída y el sufrimiento causado a personas especialmente vulnerables.
Aunque el tribunal señaló que los hechos habrían justificado incluso la pena máxima prevista por la legislación finlandesa, la condena fue ligeramente reducida debido a que el acusado alcanzó acuerdos de indemnización con parte de las víctimas.
Kivimäki permanecía en libertad desde septiembre, cuando el Tribunal de Apelación de Helsinki acordó excarcelarlo al considerar que la prolongada prisión preventiva que acumulaba hacía innecesario mantenerlo encarcelado mientras se resolvían los recursos.
Las autoridades finlandesas han emitido una orden de busca y captura contra el pirata informático Aleksanteri Kivimäki, condenado por el ciberataque contra la empresa de psicoterapia Vastaamo y la posterior extorsión a decenas de miles de pacientes. La decisión llega después de que el Tribunal Supremo de Finlandia rechazara admitir el recurso presentado por el ciberdelincuente, dejando firme su condena.
La orden ha sido emitida por la Policía de Uusimaa Oriental a petición de la Agencia de Sanciones Penales, que pretende localizar al hacker para trasladarlo a la prisión de Vantaa y que cumpla la pena impuesta. Sin embargo, su abogado ha asegurado a medios locales que desconoce el paradero de su cliente, aunque cree que ya no se encuentra en Finlandia.
El Tribunal de Apelación de Helsinki había condenado el pasado mes de febrero a Kivimäki a seis años y tres meses de prisión por acceso ilícito agravado a sistemas informáticos, extorsión e infracciones graves contra la intimidad, una sentencia que ahora adquiere firmeza tras el rechazo del Supremo a revisar el caso.
Los hechos se remontan a 2018, cuando los sistemas de la empresa de psicoterapia Vastaamo fueron comprometidos. El actor de amenazas consiguió acceder a la información personal y médica de alrededor de 33.000 pacientes, aunque la brecha no trascendió públicamente hasta varios años después.
La información robada incluía datos especialmente sensibles, como números de identidad, direcciones de correo electrónico, teléfonos, historiales médicos y notas tomadas por los terapeutas durante las sesiones con sus pacientes.
Tras obtener la información, el atacante intentó extorsionar inicialmente a la propia clínica exigiendo el pago de unos 380.000 dólares en bitcoins para evitar la publicación de los datos. Al no obtener el dinero, cambió de estrategia y comenzó a enviar correos electrónicos directamente a las víctimas.
Miles de pacientes recibieron amenazas en las que se les exigía entre 200 y 500 euros a cambio de no divulgar sus expedientes clínicos. Quienes no accedieron al chantaje vieron cómo parte de su información acabó publicada en Internet.
Entre los afectados había menores de edad y personas que acudían a terapia por abusos, depresión, trastornos psicológicos o experiencias traumáticas. La filtración provocó una enorme conmoción en Finlandia y algunas víctimas llegaron incluso a quitarse la vida tras la difusión de sus historiales.
Más de 24.000 personas presentaron denuncias ante la policía, convirtiendo el procedimiento en uno de los mayores procesos penales por ciberdelincuencia de la historia del país.
Siempre negó los hechos
Durante el proceso judicial, Kivimäki negó de forma reiterada cualquier implicación en el ataque. El acusado sostuvo que las pruebas digitales presentadas por la Fiscalía eran circunstanciales y cuestionó tanto el análisis de los servidores utilizados como el rastreo de las transacciones en criptomonedas supuestamente relacionadas con la extorsión.
No obstante, los tribunales consideraron acreditada su responsabilidad y destacaron la especial gravedad del caso por el enorme número de víctimas, la naturaleza extremadamente sensible de la información sustraída y el sufrimiento causado a personas especialmente vulnerables.
Aunque el tribunal señaló que los hechos habrían justificado incluso la pena máxima prevista por la legislación finlandesa, la condena fue ligeramente reducida debido a que el acusado alcanzó acuerdos de indemnización con parte de las víctimas.
